Una veintena de agentes y altos mandos de Policía y Guardia Civil de Lugo imputados por integrar una mafia de proxenetismo y extorsión

Implicados un coronel y el ex subdelegado del gobierno. La trama podría incluso haber ordenado asesinatos. – Lunes.18 de abril de 2011 – 17 visitas

Por si alguien tenía aún dudas con respecto a la categoría moral de buena parte de los integrantes de nuestros cuerpos policiales. La cúpula al completo de la Guardia Civil de Lugo cuando no participó directamente, hizo la vista gorda, según afirman las denuncias. Aunque esta importante información (de la que se viene hablando ya unas semanas) ha sido minimizada en los medios convencionales no deja de ser un dato más que se une a los numerosos casos de policías y guardias civiles que son detenidos contínuamente por la comisión de diferentes delitos. Y eso a pesar del corporativismo que hay en esos cuerpos, por lo que cabe sospechar que la criminalidad descubierta y juzgada entre “agentes de la ley” no es más que la punta del iceberg de lo que hay. Y esto hablando de crimen puro y duro. Porque también podríamos hablar de ilegalidades delictivas en la extralimitación de sus funciones… En resumen: ¿Quien nos defiende de quienes nos defienden? Nota de Tortuga.


Una mafia de proxenetas y policías reinaba al otro lado de las escuchas

La cúpula de la Guardia Civil en Lugo ignoró denuncias sobre la connivencia entre sus agentes y matones de burdel .

SONIA VIZOSO / PABLO LINDE – Santiago

“Si estás interesado en conocer la Coslada de Lugo, llámame y te presentaré a unas personas que te pueden informar”. Esta frase pronunciada al oído de un agente de la Guardia Civil en la barra de un pub de Lugo a principios de diciembre de 2008 fue el detonante de la Operación Carioca, una ardua investigación que ha sacado a la luz la presunta mafia policial que, durante años, ha amparado la explotación sexual de cientos de mujeres en una de las provincias aparentemente más tranquilas y seguras de España. Entre los más de 60 imputados por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, inducción al aborto u omisión del deber de perseguir delitos, figuran una veintena de agentes y mandos de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil, así como el coronel José Herrera García-Lora, máximo responsable de la Comandancia de Lugo entre 2000 y 2009, y el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero. Decenas de testigos, fotografías, vídeos y escuchas telefónicas dibujan una supuesta trama de agentes del orden compinchados con proxenetas, que chantajeaban, maltrataban y abusaban de prostitutas extranjeras mientras sus superiores en el cuerpo miraban para otro lado. Se investiga, incluso, si pudo haber asesinatos.

El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio del jefe de un burdel

En el vértice de esta pirámide de corrupción policial, de la que supuestamente fueron testigos jueces, empresarios y políticos, está el cabo Armando Lorenzo, un guardia muy popular en Lugo que, según los testimonios recogidos por la juez Pilar de Lara, cultivaba amistades poderosas tanto en los despachos como en los antros de la ciudad. Un magistrado jubilado declaró que el guardia, al que define como “servicial”, tenía “muy buenas relaciones” con “todos” los jueces de Lugo y “también con la fiscalía”. “Soy policía y no me va a pasar nada. A ti no te van a creer porque eres extranjera y prostituta. Yo tengo muchas influencias”, presumía el agente imputado, según una de las víctimas.

El cabo Lorenzo se movía a sus anchas entre los malhechores de los burdeles y, a su vez, era el responsable del Emume lucense, el equipo de la Guardia Civil dedicado a asistir a mujeres en peligro, incluidas las prostitutas que huían de los malos tratos y abusos de esos mismos proxenetas. Fueron las sospechosas maniobras de este agente en su condición de responsable de esta unidad las que propiciaron, en 2005, unas denuncias internas ignoradas por los mandos de la Guardia Civil y presuntamente ocultadas por el socialista Jesús Otero, en aquel entonces subdelegado del Gobierno en Lugo y ahora imputado en la causa.

En la primavera de 2005, el cabo Lorenzo protagonizó un grave episodio en uno de los pisos secretos en los que se refugian mujeres maltratadas. El guardia envió a la madama de un club de alterne a una de estas viviendas para que fuese a repescar a dos prostitutas huidas y alojadas allí. Ante la negativa de las responsables del piso de acogida a abrirle la puerta a la enviada del agente, fue el propio Lorenzo el que cogió a las internas y se las llevó al club Luxor.

Ante la gravedad de los hechos, trabajadoras sociales del Ayuntamiento y de una ONG acudieron a la concejala de Bienestar Social de Lugo, la socialista Carmen Basadre, que a su vez alertó al entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. En una reunión en su despacho, Otero, ahora acusado de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, prometió investigar al cabo Lorenzo, pero pidió discreción a la edil por las buenas relaciones que el agente tenía con la máxima autoridad en la Comandancia de Lugo, el teniente coronel José Herrera García-Lora, también imputado. Cuatro años después, el guardia Lorenzo fue detenido en la Operación Carioca.

La denuncia llegó también a mandos de la Guardia Civil. Fue a través de estas mismas trabajadoras sociales, que relataron los hechos a dos agentes del Emume, compañeras de Lorenzo. Para ellas era la gota que colmaba el vaso, tras meses intuyendo irregularidades y oyendo rumores sobre las prácticas del cabo, por lo que se negaban a firmar diligencias en las que ellas no hubieran estado presentes. Decidieron entonces presentar un informe a su superior, el capitán Andrés Manuel Velarde, con todo lo que sabían o sospechaban.

El escrito está firmado el 4 de junio de 2005 por las dos compañeras de Lorenzo. Expone el caso del piso protegido y el testimonio de las trabajadoras sociales y abogadas que recurrieron a ellas. Una letrada les comentó su extrañeza por la forma de trabajar de Lorenzo. Siempre que el guardia remitía a prostitutas extranjeras a los servicios sociales, las chicas acudían con la errónea creencia de que eran testigos protegidas cuya situación iba a ser automáticamente legalizada. Esto se suma, según el relato de las agentes, a lo que ya le habían comunicado al capitán de forma verbal: “El contacto con las testigos protegidas es el cabo de forma personal y exclusiva; casi todas las investigaciones relacionadas con la prostitución fueron iniciadas por el cabo Armando y durante los horarios de oficina ninguna prostituta fue a presentar denuncia, salvo cuando el cabo estaba solo; resulta extraño que todas las intervenciones se realizaron en determinados clubes, nunca en otros”. El informe continúa durante tres páginas con las supuestas irregularidades que detectaron en el comportamiento de Lorenzo. Las dos agentes relataron que tras estudiar el informe, el capitán Velarde las llamó a su despacho y les dijo: “Yo no he visto nada”. Les indicó que si querían presentar denuncias lo hicieran por un conducto oficial y que, si lo hacían, al primero que daría cuenta es al propio cabo, lo que ellas entendieron como una amenaza. En su declaración como imputado, Velarde esgrimió que los hechos denunciados por sus subordinadas formarían parte, si eran ciertos, de la vida “particular” del cabo Lorenzo. No recuerda si se las trasladó a su superior, el entonces teniente coronel Herrera, hoy coronel jefe del centro de coordinación regional de Canarias.

Tras presentar este texto, el ambiente en la oficina se volvió hostil contra las dos agentes. Lorenzo les retiró el saludo y otros compañeros les “torcían la cara”, por lo que entienden que el capitán difundió el escrito, que más tarde presentarían también a asuntos internos de Madrid. Entre los comentarios de sus compañeros, uno de los imputados, el brigada Julio Baquero, llegó a decir de ellas que eran “unas legalistas y quisquillas”, según aseguran las guardias.

El incidente con el cabo Lorenzo en los pisos de acogida llegó también a oídos del entonces teniente coronel Herrera a través de una nota de asuntos internos. El máximo responsable de la Comandancia de Lugo aseguró que se limitó a preguntar “genéricamente” en el cuartel “cómo iban las cosas” en la unidad a la que estaba adscrito el agente y, al no recibir ninguna queja, se olvidó del asunto y destruyó el escrito. Ya solo por lo que los propios agentes han admitido ante la juez, se sabe que las relaciones entre los matones de los prostíbulos y las fuerzas de seguridad eran muy estrechas. El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio de uno de los jefes de los burdeles y los clubes de alterne eran lugares habituales de juerga cuando los efectivos masculinos se iban de cena. Un inspector de la Policía Local ha confesado que en su tiempo libre se encargaba de gestionar seguros y alquileres de prostíbulos.

Los informes de asuntos internos incluidos en el sumario sostienen que detrás de este compadreo entre agentes y proxenetas se esconde una auténtica mafia que abusaba de la “especial situación de desamparo” en la que se encontraban cientos de mujeres extranjeras, explotadas sexualmente en los prostíbulos bajo la amenaza de muerte a sus familias y obligadas a pagar deudas prohibitivas para sus bolsillos. Policías y guardias civiles están acusados en Lugo de garantizar protección a los encargados de los burdeles a cambio de no pagar ni los servicios sexuales ni las copas, de avisar a los proxenetas cuando iba a haber alguna redada y de amañar trámites burocráticos en Extranjería para frenar o impulsar deportaciones de prostitutas en función de los intereses de los amos de las barras americanas.

Nombres de la trama

- José Manuel García Adán. Encargado del Queen’s, un club del Polígono de Ceao (Lugo) que es el epicentro de la mafia investigada por la juez. Adán es el detenido que acumula más imputaciones, que van desde la inducción a la prostitución hasta el blanqueo de capitales, pasando por la tenencia ilícita de armas o delitos contra los derechos de los trabajadores. Trabajaba supuestamente protegido por una red policial corrupta que amparaba sus operaciones. En junio pasado fue trasladado a Lugo desde la cárcel de Burgos, donde cumple condena, para que colaborase en la búsqueda de pruebas del posible homicidio de una brasileña, Ana, que trabajaba en el prostíbulo, y que desapareció sin dejar rastro en 2007. Las investigaciones apuntan a su posible asesinato y a García Adán como sospechoso.

- Armando Lorenzo. Cabo de la Guardia Civil de la Policía Judicial. Está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama, aunque la juez permitió su salida de prisión por motivos de salud. Acumula, entre otros, cargos por tráfico ilegal de personas, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y agresión sexual. Una denuncia contra él puso a asuntos internos de la Guardia Civil sobre la pista de la trama. Atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, presuntamente solicitaba favores carnales a prostitutas bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que Armando Lorenzo había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a sudamericanas. Ejercía presuntamente el control sobre todos los clubes y garantizaba la ausencia de inspecciones en dichos locales.

- José Ramón Vázquez Río. Policía local de Lugo, exjefe de la Brigada Nocturna. Tercera pieza del núcleo duro de la trama, según las investigaciones. Se sospecha que Vázquez Río, socio protector del Queen’s, utilizaba el coche patrulla para desplazar a las prostitutas a estas fiestas a puerta cerrada donde abundaban las drogas y los favores sexuales gratuitos para los agentes. También está imputado en el caso del supuesto sobreseimiento irregular de sanciones de tráfico de la Policía Local de Lugo, como confirman supuestamente las conversaciones telefónicas captadas en los sucesivos pinchazos.

- José Marcos Grandío. Jefe del club Eros. Encargado de uno de los locales de alterne en el que trabajaban las extranjeras. Estas circulaban entre el Queen’s, el Eros y el Volvoreta, en la capital lucense, o bien se las trasladaba a La Colina, en Outeiro de Rei, o a Eclipse, en la costa de la provincia. En estos establecimientos, todos precintados, trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y eran castigadas con multas si se ausentaban o retrasaban en su jornada laboral. Las investigaciones tratan de aclarar si alguna fue obligada a abortar. Grandío sigue en la cárcel, tras incumplir la prohibición de salir Galicia.

- José Manuel Pulleiro. Jefe del club La Colina. Su presunta implicación en la trama es similar a la de Grandío, cada uno como encargado de su respectivo burdel. Es la persona de confianza de Adán y el que realiza el control de las prostitutas, tal y como revelan las conversaciones telefónicas. La policía sospecha que entre él y Adán, a través de un locutorio de Lugo, pagaban los billetes y los gastos del viaje de las mujeres, que después estas devolvían prostituyéndose. Pulleiro era, supuestamente, el encargado de ir a recogerlas al aeropuerto y les cobraba una cantidad extra de unos 3.000 euros.

- Eduardo Antonio Castro. Es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y los investigadores aseguran que tenía una estrecha amistad con Lorenzo. Ambos gestionaban en sus respectivos cuerpos lo relativo a clubes de alterne y, supuestamente, prestaban favores a sus dueños. También es sospechoso de retirar cartas de expulsión a prostitutas.

Testimonios de miedo y amenazas

Sin haber cumplido los 20 años, separada y con un bebé de seis meses, llegó a España procedente de un país de Sudamérica junto a otras 11 compatriotas; se vio frente al neón de un burdel de Lugo. Los proxenetas, asegura, amenazaron con hacer daño a su hijo. Un mes después de su llegada, se quedó embarazada de un buen amigo del imputado José Manuel García Adán, capo de un prostíbulo lucense. La mujer fue obligada a abortar en una clínica ilegal. “Si no abortas, tú vas en una caja de pino a tu país”, la amenazó el hombre. Adán le adelantó 500 euros para la intervención, un dinero que luego tuvo que devolver prostituyéndose.

Esta joven reconoce en las fotografías como autor del aborto sin anestesia al imputado Carlos Abuín Mosteiriz, un médico que hasta hace poco ejerció en la sanidad pública gallega y cuya clínica privada “no estaba autorizada para realizar actividad sanitaria”, según revela en un informe oficial la responsable de la Consejería de Sanidad en Lugo. A los tres meses de la intervención, la chica recuerda que sufrió una grave infección acompañada de hemorragias.

En noviembre de 2008, un mes antes de que la juez Pilar de Lara ordenase los seguimientos y las escuchas que han destapado el caso, esta testigo se encontró en una calle de Lugo con el hombre que la había dejado embarazada. Tras las amenazas que recibió de su expareja -“Negra maldita, te voy a deportar”, dice-, ella intentó poner una denuncia en la comisaría, pero “no se la quisieron coger”. Allí se le acercó un agente, al que conocía de verlo también en los clubes, y le dijo: “Tranquila, un día esto se va a parar y yo seré tu testigo”.

Es el testimonio de una de las decenas de mujeres extranjeras explotadas en los burdeles que han declarado ante la juez, algunas como testigos protegidas. Los relatos reconstruyen su vida en los clubes donde, engañadas o ejerciendo libremente la prostitución, tenían que pagar deudas contraídas con los dueños de la organización. En los burdeles de Lugo, la disciplina incluía muchas veces la obligación de consumir drogas y mantener relaciones sin preservativo, con un solo día libre por semana y multas que se descontaban de sus sueldos por llegar tarde o ausentarse del trabajo. Los abortos tampoco eran la excepción y algunas prostitutas cuentan cómo sus compañeras eran forzadas a tomar pastillas abortivas sin control médico que les hacía “retorcerse de dolor”.

Diario El País

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