Un informe europeo reclama a España una declaración oficial sobre la tortura

Por el rechazo de los parlamentarios navarros a organizar una comisión de investigación sobre el tema.
Kaos. Derechos humanos | Gara
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El último documento del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, conocido ayer y en el que se critica con dureza al Estado español, se acogió como una gran noticia en el Foro Cívico Esteban Muruetagoiena, nacido ante el rechazo de los parlamentarios navarros a organizar una comisión de investigación sobre el tema. El informe europeo reclama al Estado una declaración política de «tolerancia cero».

Aritz INTXUSTA en GARA

El Estado no ha podido enterrar por más tiempo un contundente informe del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) en el que se le reclama que lance un mensaje de «tolerancia cero» contra la tortura. Pide una declaración oficial que «llegue a todos los agentes de orden público en todos los niveles», porque sólo «una acción decidida» puede resolver la situación detectada por los supervisores europeos en su visita de 2007.

El extenso documento y la respuesta que ofreció el Gobierno español han permanecido ocultos durante cuatro años. Según explicó Ane Ituiño, de Torturaren Aurkako Taldea, es potestad de los estados decidir si los análisis del CPT se publican o no, y también cuándo han de hacerlo. Madrid no ha podido esconderlo más, porque en 2011 los inspectores del CPT tienen que volver y el informe le iba a estallar en las manos. La institución europea, en 22 años de trayectoria, muy rara vez ha utilizado términos tan severos para censurar a un Estado.

La impunidad con que actúan las fuerzas policiales ocupa varias páginas del informe, que pone a la Audiencia Nacional en su punto de mira. «De todos los casos de presuntos malos tratos antes de la vista en la Audiencia Nacional para decidir sobre el encarcelamiento preventivo, las investigaciones sólo se iniciaron en dos casos», reza el informe. A renglón seguido, el CPT solicita abiertamente al Estado español «que el resto de casos sean debidamente investigados» e indica que «le gustaría estar informado del resultado de esos procedimientos».

El estudio de los expertos europeos recoge también la contestación que les ofreció el Estado español unos meses después. El Ministerio de Interior sustenta sus contraargumentos en las leyes y acuerdos internacionales suscritos, pero poco más aporta. De hecho, el CPT, que ya cuestionó el sistema de garantías del Estado español en su anterior informe de 2003, se adelanta a la jugada: «El Estado de Derecho implica no sólo la adopción de normas legales pertinentes y de los mensajes adecuados, sino también tomar las medidas necesarias para garantizar su aplicación en la práctica».

Reclaman «luz y taquígrafos»

La noticia se siguió con avidez en el Foro Cívico contra la Tortura que arrancó ayer en Iruñea para analizar ante la ciudadanía el problema del maltrato y contrarrestar la desidia del Parlamento navarro, que ha declinado crear una comisión que analice las responsabilidades políticas de los últimos casos.

La llegada del informe, que consta de cientos de páginas, ha obligado a modificar el guión y en la sesión de hoy se analizará con más detalle el contenido del documento. En un primer momento, Ituiño, que intervino como ponente en el foro, aseguró: «Sabíamos que el informe del CPT iba a llegar, que iba a ser contundente y exhaustivo, pero necesitamos más tiempo para analizarlo y extraer conclusiones».

El Foro Cívico Contra la Tortura Esteban Muruetagoiena tuvo una gran acogida en su primera jornada, donde expertos analizaron la realidad del maltrato desde un punto de vista genérico, para después entrar con detalle en temas como los efectos psicosociales o la impunidad. El panel de expertos abarcaba abogados, médicos, forenses o psicólogos que trabajan para la erradicación de la tortura de Euskal Herria, Catalunya y otros puntos del Estado.

La periodista Mirentxu Purroy abrió el foro recordando que la tortura teme «a la luz y a los taquígrafos» y que «hay que sacar a la tortura de sus cloacas». Además, leyó los nombre de las trece personas que han muerto en comisaría, entre ellos Esteban Muruetagoiena.

El Parlamento navarro se despide mirando a otro lado

El Parlamento navarro volvió a tener una oportunidad ayer, en la última sesión de la legislatura, para dar un paso adelante y enfrentarse cara a cara contra la tortura. Sin embargo, los votos de la derecha, junto con los del PSN, el partido que ha mantenido a Miguel Sanz en el poder los últimos cuatro años, volvieron a rechazar la moción defendida por NaBai e impulsada por los firmantes del Acuerdo de Gernika en favor de combatir la impunidad. La iniciativa reclamaba al Parlamento que intercediera ante el Ministerio Fiscal para «intervenir ante los Tribunales de Justicia para aclarar los testimonios de malos tratos y torturas dados a conocer por personas detenidas en Nafarroa». Los electos navarros ya tuvieron la oportunidad de posicionarse en favor de la implementación de garantías para prevenir la tortura (como el fin de la incomunicación o las cámaras que vigilen todo cuanto ocurre en dependencias policiales), pero también se negaron. Estas iniciativas llegaron al Parlamento con un importante apoyo de familiares, colectivos y expertos, y el respaldo de muchos ayuntamientos navarros, como Leitza o Gares. A.I.

El estado mintió al CPT sobre el «caso Portu-Sarasola»

En su informe, el CPT muestra una especial preocupación por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola. En el momento en el que se emite, la detención era reciente y el juicio ni siquiera tenía puesta la fecha, por lo que los expertos europeos exigen al Estado que lleve el proceso hasta el final. En la respuesta que ofrece de forma oficial el Ministerio de Interior, aparecen todas las mentiras que quedaron demostradas en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Según dice Madrid, la costilla rota de Igor Portu fue consecuencia de «una fuerte resistencia violencia a su detención» en la que soltó «patadas y puñetazos». El Estado intenta argumentar también que el hecho de que Sarasola no denunciara estar sufriendo torturas cuando fue reconocido por los forenses de Donostia constituye una prueba de que el maltrato no existió. Interior obvia el resultado del informe de esos forenses, que detectan numerosas marcas de agresiones físicas y moratones que, en el caso de Sarasola, eran aún más impresionantes que los de Portu, a pesar de que sólo éste tuvo que ser hospitalizado. En resumen, el Estado español dijo a Europa que todo fue «correcto». A.I.

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