La Fiscalía del Tribunal Supremo pide rebajar a la mitad la pena al mando de la Guardia Civil que torturó a Portu y Sarasola

El Sistema protege a sus esbirros. – Sábado.12 de marzo de 2011 – 37 visitas

“…En el caso de una sanción más fuerte, todavía queda a los señores de la policía condenados como torturadores una segunda oportunidad mediante su apelación a la siguiente instancia judicial, en la cual los hechos juzgados y –esto es de nuestra cosecha- la oportunidad política de sus condenas, volverán a ser valorados por magistrados distintos. No es nada raro que de estas apelaciones resulten jugosas rebajas de las condenas.”

De ¿Por qué hay tan pocos policías españoles cumpliendo condena por torturas?


La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere que se rebaje a la mitad, de cuatro a dos años, la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere que se rebaje a la mitad, de cuatro a dos años, la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa al sargento de la Guardia Civil Juan Jesús Casas García por las torturas infligidas a Igor Portu y Mattin Sarasola. En el recurso de casación presentado, el fiscal jefe Juan Ignacio Campos aduce que al mando policial no se le debe castigar por dos delitos de torturas, sino por uno único que afecta a las dos víctimas.

Iñaki IRIONDO |

El fiscal jefe de la sección de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos Campos, ha presentado un recurso de casación en el que solicita que se le rebaje a la mitad la condena impuesta al sargento de la Guardia Civil Juan Jesús Casa García por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó a este mando a la pena de dos años de prisión y ocho de inhabilitación como autor de las torturas «por acción» a Igor Portu y a otros dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por las torturas «por omisión» a Mattin Sarasola. A esto se le añadían otros seis meses de prisión por un delito de lesiones a la primera víctima y ocho días de localización permanente por una falta de lesiones a Sarasola.

La Audiencia guipuzcoana también condenó al guardia civil José Manuel Escamilla a dos años y medio de prisión por torturas graves y lesiones; y a los agentes Sergio García y Sergio Martínez a dos años de prisión y ocho días de localización permanente.

El tribunal absolvió a los otros once guardias civiles imputados en la causa.

La sentencia fue hecha pública el pasado 30 de diciembre y en estos días las partes personadas han presentado sus respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

La acusación particular que representa a las víctimas, Igor Portu y Mattin Sarasola, solicita que se revise la absolución de los agentes que quedaron sin castigo. También recurre que, en los casos en los que se produjo una condena, el tribunal optó siempre por la pena más leve de las contempladas en el Código Penal. A su entender, esto no se ajusta a la gravedad de los hechos considerados como probados y, por lo tanto, solicita un aumento de las condenas al límite máximo contemplado o, en su defecto, a su mitad superior.

Como cabía esperar, los defensores de los guardias civiles condenados piden su libertad.

«Único acto de tortura»

En este contexto, lo que llama la atención es que la Fiscalía actúe prácticamente como defensor del sargento Juan Jesús Casas solicitando que se rebaje a la mitad la condena por torturas. Ya durante el juicio había pedido únicamente una condena de dos años por este motivo, pero añadía la petición de un año de cárcel por las lesiones producidas a Igor Portu. Conocida la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, de cuatro años por torturas, cree que se deben reducir a dos pero, sin embargo, no demanda que se eleven de seis a doce meses la pena por lesiones.

Según se recoge en el recurso de la Fiscalía, «aun cuando Juan Jesús Casa fuese responsable de velar por la integridad y la indemnidad física de ambos detenidos y, en consecuencia, fuese el responsable de la tortura y malos tratos sufridos por Igor Portu (torturas por acción) y Mattin Sarasola (torturas por omisión), sin embargo ello debe dar lugar a la calificación de los hechos como un único delito de tortura en relación a ambos detenidos, y no a dos delitos de tortura».

A tenor de los argumentos del fiscal, «las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola fueron llevadas a cabo en una unidad temporal y espacial». Por tanto, «la conducta del acusado, al haber participado en los malos tratos infligidos a ambos detenidos, es unitaria y, en consecuencia, sólo pueden dar lugar a un único delito de tortura», sin perjuicio de que las lesiones sufridas por cada uno pueda después considerarse por separado.

Según relata la Fiscalía, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se estima la existencia de un único delito de torturas en relación a todas las víctimas y después tantos delitos o faltas de lesiones como personas resultaron dañadas.

Primera condena en diez años

La condena impuesta en diciembre del pasado año por la Audiencia de Gipuzkoa en el caso de las torturas infligidas a Portu y Sarasola era la primera contra la Guardia Civil en casi diez años.

La anterior data del 24 de julio de 2001, cuando la Audiencia de Bizkaia condenó a siete guardias civiles del cuartel bilbaíno de La Salve a penas de entre cuatro meses y un año y medio de prisión, y entre cuatro y veinte años de inhabilitación, por delitos de torturas cometidos durante una operación contra ETA en Zornotza en 1980.

Es decir, se tardó más de veinte años en celebrar el juicio y tres años después de aquella condena, en enero de 2004, el Tribunal Supremo absolvió a cuatro de los condenados y rebajó la pena a los otros (tres meses de arresto para uno y un mes para los otros dos). También fue absuelto otro guardia civil que había sido inicialmente condenado por no denunciar las torturas.

Versión oficial «insostenible»

Una de las consecuencias que tuvo la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola fue la de desmontar la versión oficial que había sostenido el Ministerio del Interior desde que se conoció el ingreso en el hospital de uno de los detenidos. Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó públicamente que las lesiones obedecían a la resistencia que los arrestados habían ofrecido durante la detención. Y atribuyó las denuncias al uso de «un manual para denunciar torturas».

Sin embargo, el tribunal dio por probado que los guardias civiles que el 6 de enero de 2008 detuvieron a los dos lesakarras en el barrio Udala de Arrasate los torturaron y los condujeron a una pista forestal y que, en consecuencia, mintieron en su declaración ante el juez. La sentencia advierte las incongruencias y mentiras que empleó la Guardia Civil para mantener una versión que el tribunal consideró «insostenible». En ella se recogen también las declaraciones de un testigo de las detenciones y las aportaciones realizadas sobre la zona forestal y los movimientos que se produjeron aquel día.

Urkullu reclama más transparencia a las FSE

El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían adoptar medidas para ser «más transparentes» en las detenciones y evitar «posibles espacios de opacidad o impunidad que pudieran darse». Destacó que «cuanto más claras sean las actuaciones en relación a las detenciones, mejor», e invitó a adoptar el protocolo que en su día puso en marcha el Departamento de Interior de Lakua y que ha tenido una aplicación discontinua. Desde la Fundación para la Libertad, el dirigente del PP Vicente de la Quintana y Eduardo Puelles replicaron que hay que partir siempre de que la principal vulneración de derechos humanos es ETA.


La exigencia de medidas de prevención llegará también a las instituciones

Si el miércoles se anunciaba que partidos y sindicatos vascos habían decidido llevar los testimonios de las denuncias de torturas al ámbito internacional, ahora puede decirse que el debate sobre la adopción de medidas preventivas que evite la práctica de los malos tratos llegará también al Parlamento de Gasteiz, las juntas generales y los ayuntamientos.

En la Cámara autonómica está registrada desde hace semanas una proposición no de ley del PNV en la que se solicita que se adopten las recomendaciones planteadas por el Ararteko en su informe sobre las detenciones incomunicadas, que contemplan la grabación audiovisual de la detención, la asistencia letrada, los exámenes forenses y la comunicación con la familia.

La propuesta jeltzale ha sido enmendada a la totalidad por el PSE, alegando que «la legislación antiterrorista vigente ha sido y es un instrumento imprescindible» en la lucha contra ETA y que «está homologada con la legislación que rige en esta materia en otros países democráticos». En todo caso, se insta al Departamento de Interior a «mantener y reforzar el sistema de garantías y derechos de las personas detenidas», y «al Gobierno de España, a analizar la posibilidad de reforzar y mejorar sus protocolos de actuación».

Cabe recordar que el Departamento de Interior está inmerso en un caso de denuncia de torturas en el que alegó públicamente que tenía grabaciones que las desmentían, pero después tuvo que reconocer ante el juez que éstas no existían. Y en cuanto a la actuación del Gobierno español, en el último año ha sufrido ya dos condenas europeas por no investigar las denuncias existentes y son constantes las críticas que en esta materia recibe de organismos internacionales.

La proposición no de ley del PNV ha sido enmendada también por Eusko Alkartasuna, que hoy mismo anunciará el traslado de su propuesta también a las juntas generales y a los ayuntamientos. Concretamente, en la propuesta de EA se insta a las instituciones concernidas a demandar del Gobierno español que aplique el decálogo contra la tortura y los malos tratos propuesto por la asociación Torturaren Aurkako Taldea y avalado por diferentes organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dicho decálogo parte de la exigencia de la derogación de la incomunicación y otras restricciones de derechos, y de que las causas sean juzgadas por el juez natural y no por la Audiencia Nacional. Demanda la posibilidad de que el detenido sea atendido por un médico de confianza y por un abogado designado por él mismo. Se requiere también la grabación de todo el periodo de detención, tanto en imagen como en audio, y que esta grabación esté disponible para el abogado defensor de la persona detenida.

La propuesta de EA también apoya las solicitudes realizadas por el Ararteko.

Además de esta iniciativa, tras las últimas detenciones Aralar ha registrado otra propuesta para que el Parlamento de Gasteiz pida a la Fiscalía que investigue la denuncia de abusos sexuales formulada por Beatriz Etxebarria, así como los presuntos malos tratos y amenazas al resto de arrestados. Aintzane Ezenarro dijo que es «imprescindible investigar esas denuncias y que se haga con todas las garantías». I.I.

Gara

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