La Policía Local de Alacant se opone a requisar las limosnas que obtengan los mendigos

A los políticos se les va más y más la pinza con las ordenanzas municipales – Martes.21 de diciembre de 2010 – 121 visitas – 2 comentario(s)

Insistimos. No pierdan de vista la promulgación municipio a municipio de mil y una ordenanzas municipales, a cual más autoritaria y conculcadora de derechos. Estamos por afirmar que ésta y no otra es la principal vía de entrada en nuestra sociedad del totalitarismo hoy por hoy. Es un camino discreto pero muy efectivo puesto que esas pequeñas ordenanzas que poco a poco van prohibiendo cosas como bañarse en el mar, permanecer de noche en la playa, beber alcohol en la vía pública, repartir octavillas, organizar actos públicos etc etc. son las que más afectan a nuestra vida cotidiana, y son las que menos protestas sociales levantan. Nota de Tortuga.


El sindicato mayoritario del Cuerpo alega contra la futura ordenanza que contempla la incautación cautelar de “los frutos obtenidos” por los indigentes 11:57

S. ESCRIBANO

Si las multas de tráfico no se cobran en el acto, ¿por qué intervenir a los mendigos las limosnas obtenidas?. Esta es la pregunta que se hacen desde el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPL) de Alicante -el mayoritario de este Cuerpo- y que ha llevado a los representantes sindicales a presentar una alegación contra la futura Ordenanza Municipal relativa a la Mendicidad y la Prostitución para que se elimine el punto que establece que los agentes de la autoridad deberán intervenir de forma cautelar a los indigentes “los frutos obtenidos”. Desde el sindicato sostienen que es una medida muy agresiva y que no está amparada por ninguna norma con rango de ley.

La ordenanza, pendiente de ser aprobada definitivamente, recoge que “el Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Alicante” y que los agentes serán los encargados de “informar a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito púbico” de los lugares a los que pueden acudir para recibir “la orientación y apoyo social que sea necesario para abandonar estas prácticas”. Pero el punto con el que hay mayor desacuerdo es el que establece que “en todo caso, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos”. Desde el sindicato prefieren “no entrar en el espinoso asunto de prohibir implícitamente la pobreza y su manifestación de subsistencia, el donativo”, y centran su alegación en la medida cautelar de “obligar a una persona a entregar el dinero recaudado por el ejercicio de una actividad prohibida”.

Al respecto, los policías locales consideran que deben tenerse en cuenta tanto la “dificultad técnica” de dirimir en el mismo momento de la actuación “la cantidad exacta de dinero que se ha debido al ejercicio de la actividad no permitida y cual no” como lo que contempla la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Según recogen en su alegación, esta ley establece que “no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes”.

En consecuencia, los agentes sostienen que no conocen “ninguna norma con rango de ley que prohíba la mendicidad en los espacios públicos del estado español y sí intentos desesperados de hacerla desaparecer por arte de ordenanzas municipales”. Por otro lado, desde el sindicato consideran que “quitarle el dinero a una persona que practica la mendicidad no obedece a una situación de urgencia, ni protege provisionalmente los intereses implicados en este asunto”. No sólo eso, también puede ocasionar “un perjuicio de difícil o imposible reparación a los pobres desvalidos de su recaudación”, quienes, en opinión del sindicato, “apreciarían a quienes materialmente les quitan el dinero como a unos ’ladrones’”. Además, inciden en que “lamentablemente existe el derecho a la libertad de ser pobre”.

Piden una investigación de la bolsa de horas extra

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que abra una investigación interna sobre la gestión de la bolsa de horas extra en la Policía Local al considerar que existen irregularidades. Desde el sindicato recuerdan que hay fijados un máximo de 14 servicios extraordinarios por cada agente y año, pero “27 personas sobrepasaron dicha cantidad”. Además, no se pueden hacer más de 3 servicios extra al mes y 45 policías “han rebasado ilegalmente este tope saltándose el riguroso orden de lista para ser llamados” y hay personas que “finalizaron su compromiso de hacer horas extras en el mes de mayo”. Por ello, exigen una investigación y que se subsanen los errores que puedan existir.

Diario Información

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