¿Avances en la lucha contra la tortura?

Diagonal – Lunes.15 de noviembre de 2010 – 24 visitas

MALOS TRATOS | EL FISCAL, PESE A AFIRMAR QUE LOS AGENTES MIENTEN, SÓLO PIDE CONDENAS DE CÁRCEL PARA CUATRO DE LOS ACUSADOS

En un hecho sin precedentes, 15 agentes han sido juzgados: acusados de torturar a dos miembros de ETA. Sin embargo, numerosas denuncias quedan sin investigar.

Alvar Chalmeta / Madrid

“No dicen la verdad”. Es bastante normal que un fiscal acabe su alegato diciendo que los acusados mienten. Lo que es inusual es que un fiscal lo diga a guardias civiles. Pero acaba de ocurrir. Fue durante el juicio celebrado a finales de octubre en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra 15 guardias civiles acusados de torturar, tras su detención en 2008, a los dos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.

En la última sesión del juicio, el 28 de octubre, el fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, afirmó que la versión de los guardias procesados es “cualquier cosa menos creíble”. Sin embargo, solo pidió penas de prisión para cuatro de los 15 agentes implicados. “Aunque no se puede decir que la Fiscalía haya impulsado especialmente el procedimiento –el impulso ha venido fundamentalmente de los diferentes jueces de instrucción implicados–, lo cierto es que siempre, y especialmente en el juicio oral, ha mantenido la existencia, en este caso, de las torturas”, sostiene Amaia Izko, abogada que ha llevado la acusación particular en nombre de Portu y Sarasola. “¿El motivo? Como en el caso del juez instructor, ha sido la evidencia y gravedad de las lesiones, y la declaración contundente de los dos detenidos -aún durante el tiempo en que estaban detenidos e incomunicados- sobre los malos tratos. Es lo que hizo que no pudiera esquivarse una actuación”.

Según un estudio del año pasado, entre 2000 y 2008, el Ministerio del Interior cuantificó en 1.231 las personas detenidas en relación con ETA, de las que, al menos, 957 sufrieron incomunicación. De estas, 634 alegaron haber sido torturadas, pero ‘sólo’ 446 interpusieron denuncias judiciales. Según afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (plataforma de unas 40 organizaciones de derechos humanos) “de estas 446 denuncias, sólo los casos de Maite Orue, e Igor Portu y Matti Sarasola han llegado a juicio. Si bien otros se encuentran en fase de instrucción”.

El caso de Maite Orue

Maite Orue fue detenida por la Policía Nacional en 2005. Según su relato, fue torturada hasta tal punto que se autolesionó. Tras los cuatro días que estuvo incomunicada, quedó en libertad bajo fianza. Aunque en un principio la denuncia fue archivada, finalmente ha sido retomada por la Audiencia Provincial de Madrid. Así, el 28 y 29 de octubre, se ha celebrado un juicio contra cinco policías acusados de torturas.

En este caso, la Fiscalía pide la absolución de los agentes al considerar que no hubo malos tratos. “El cierre de filas por parte del Estado para negar la aplicación sistemática de la tortura en el caso de los detenidos vascos es total” sostiene Izko, “y lo es porque la tortura es parte muy importante del diseño de lo que llaman ‘lucha antiterrorista’. Es por ello que todas las instituciones del Estado, incluida la Fiscalía como tal, no sólo cierran los ojos ante esta situación sino que colaboran efectivamente en su blindaje”. El papel de los jueces es para Izko determinante: “Ésta es una de las cuestiones más sangrantes, y no sólo del caso de Portu y Sarasola, sino también de otros muchos. Me refiero a la actitud de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, su pasividad respecto de las situaciones y denuncias de torturas. Pasividad que es sistemática y que no puede interpretarse, por lo tanto, sino como permisividad. Y en el caso de Portu y Sarasola es bien palmario”.

El gran eco que ha tenido este juicio podría explicar en buena medida el éxito de la manifestación que el 30 de octubre recorrió el centro de Donostia bajo el lema “Torturarik ez” (No a la tortura). Al término de la marcha, en la que participaron unas 20.000 personas, representantes del grupo convocante, Torturaren Aurkako Talde, recordaron que esa misma semana “varios jóvenes [tras su detención como supuestos integrantes de Segi] han denunciado haber sido torturados a manos de la Policía. Incluso uno de ellos, Egoi Irisarri, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario después de sufrir intensos golpes en los testículos durante la incomunicación”. “No sé si este juicio puede ser un punto y aparte”, aclara del Cura, “pero sí será importante en la lucha contra la tortura, cualquiera que sea su resultado”. Del Cura muestra su esperanza, “hay aspectos que podrían indicar que algo está cambiando gracias a la presión internacional.

Presión que se expresa en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que en septiembre ha condenado a España por no investigar una denuncia por torturas; o en los informes y recomendaciones internacionales. También hemos visto como el Tribunal Constitucional ha dictado ocho sentencias que ordenan a otros tantos juzgados la reapertura de causas por tortura. Al igual que han hecho varias audiencias provinciales”.

Y añade, “por primera vez, desde 2002, se han dictado sentencias condenatorias por tortura, no por delitos de lesiones o contra la integridad moral, sino por tortura. Además en estos dos últimos años se han abierto numerosas causas por delitos de tortura”. Pero remacha, “lo que realmente hace falta es una clara voluntad política para, si no erradicarla, sí al menos prevenir la tortura”.


AMAIA IZKO: “LA INCOMUNICACIÓN VIENE A SUPONER UN MURO INFRANQUEABLE”

DIAGONAL: ¿Por qué en esta ocasión la denuncia ha prosperado?

AMAIA IZKO: En este tipo de delito, el de torturas y malos tratos, obtener pruebas resulta muy difícil por la naturaleza misma del delito y por las circunstancias en que éste se produce. Y esta dificultad se agrava en el caso de las detenciones en régimen de incomunicación. Es algo que vienen denunciando los diversos organismos anti tortura, tanto del Estado como internacionales.

La incomunicación viene a suponer un muro prácticamente infranqueable, que permite que durante el tiempo de la detención incomunicada, la tortura sea posible y la blinda respecto a sus posibles consecuencias. Así se garantiza también la impunidad de quien la infringe. La dificultad de penetrar ese muro y obtener alguna prueba hace tan difícil que las denuncias de torturas prosperen.

Yo creo que la diferencia entre este caso y otros muchos se debe a las gravísimas lesiones que se infligieron a Igor Portu y las serias lesiones que sufrió también Mattin Sarasola, el juez de guardia de Donostia se vio en la obligación de actuar. De este modo, ese periodo oscuro, ese muro casi infranqueable de la incomunicación se pudo quebrar, al menos, mínimamente. La gravedad de las lesiones hizo que no se pudiera mirar para otro lado. La correcta actuación de los médicos forenses y del Juzgado de Guardia de Donostia marcó también la diferencia.

Muchas veces hablan de denuncia sistemática de los detenidos vascos o de denuncia de manual. Lo que es sistemático, y de manual, es la actitud de falta de control absoluto y de nula intervención de los jueces de la Audiencia Nacional, salvo en contadas ocasiones, respecto de lo que ocurre durante las detenciones incomunicadas. Incluso, cuando como en este caso y en otros muchos, haya indicios de que se han producido maltratos.

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