La Defensoría del Pueblo no refiere torturas tras más de 200 visitas desde que asumió la función de prevención

Tras diez meses, las denuncias se multiplican y agravan en Euskal Herria, sin que conste una sola actuación de esta instancia que dice haber cursado al menos 200 visitas a calabozos y celdas.
Ramón Sola | gara |

Desde enero pasado, y por vez primera, el Estado español dispone del llamado Mecanismo para la Prevención de la Tortura. La función se encargó a la Defensoría del Pueblo, entonces liderada por Enrique Múgica Herzog. Tras diez meses, las denuncias se multiplican y agravan en Euskal Herria, sin que conste una sola actuación de esta instancia que dice haber cursado al menos 200 visitas a calabozos y celdas. Alega que no puede imponer medidas concretas.

La cuestión de la tortura se ha instalado en primer plano informativo y político en los últimos días, tras las sucesivas y gravísimas denuncias de detenidos, la decisión del Tribunal Europeo de ordenar que se investigue el caso de Mikel San Argimiro, el reciente juicio por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola y, finalmente, la manifestación que reunió a 20.000 personas anteayer en Donostia. Todo ello muestra que este problema endémico sigue más vivo que nunca y pone en entredicho la maniobra realizada por el Gobierno español hace un año, cuando encomendó la función de vigilancia (el llamado Mecanismo para la Prevención de la Tortura) a la Defensoría del Pueblo.

Esta instancia estaba presidida entonces por el ex dirigente del PSOE Enrique Múgica Herzog, conocido entre otras cosas por ser el ministro de Justicia que puso en marcha la política oficial de dispersión de presos. Su figura suscitó recelos sobre su capacidad de asumir esta función. La Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura, que reúne a decenas de organismos incluidos los vascos, añadió además que se había incumplido el precepto de consensuar con estos colectivos.

Sin embargo, la puesta en marcha de este Mecanismo, el 1 de enero de 2010, abrió también ciertas expectativas, dado que su implantación era una exigencia internacional, derivada de la ratificación por parte del Estado español del Protocolo contra la Tortura de la ONU en el año 2006 (al Gobierno Zapatero le había costado, por tanto, cuatro años implementarlo).

A punto de finalizar el primer año de ejercicio de esta función supuestamente fiscalizadora, la Defensoría del Pueblo no ha tomado ninguna iniciativa concreta y las denuncias en Euskal Herria no sólo se mantienen, sino que se agravan. En las últimas semanas, personas detenidas en diferentes redadas han referido prácticas nuevas o desconocidas hace muchos años, como someter al cuerpo a contrastes brutales de temperatura, envolverlo en goma-espuma o rociarlo con un spray de efectos desconocidos.

Ni con Múgica ni con Cava

La función de Mecanismo para la Prevención tuvo como máximo responsable a Múgica Herzog hasta el mes de junio, cuando caducó su segundo mandato y el puesto de Defensor pasó -en funciones- a manos de su hasta entonces «número dos», María Luisa Cava de Llano.

La actuación más conocida de Múgica en este ámbito, durante esa primera parte del año, fue transmitir al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU que «tras hablar con personas detenidas, algunas de ellas pertenecientes a ETA, no se ha encontrado ni un caso de malos tratos». En cuanto a María Luisa Cava, ha anunciado que se están realizando visitas a calabozos y cárceles y que se presentará un trabajo durante el año 2011 tanto a las Cortes españolas como a la ONU, pero ya anticipa que «afortunadamente, en España el tema de la tortura no se practica de forma sistemática, aunque sí exige un control cercano».

Ante eventuales críticas, la actual Defensora argumenta que en realidad su institución no puede tomar medidas prácticas. En diferentes comparecencias ha insistido en que el mantenimiento o no del sistema de incomunicación es una competencia del Gobierno español y no suya, y que tampoco puede ordenar medidas de protección como la grabación en vídeo de los interrogatorios. En una visita a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, para explicarles su labor, la Defensora del Pueblo aludió también a problemas presupuestarios.

Efectivamente, entre sus funciones figura solamente la de «realizar recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato» a los detenidos y los presos, y «hacer propuestas y observaciones sobre la legislación existente».

Visitas intrascendentes

Por el momento, el único bagaje que presenta esta institución es la realización de visitas puntuales y sin aviso previo a comisa- rías, cuarteles y prisiones. El pasado 28 de setiembre, en una comparecencia en Logroño, Cava explicaba que desde que tomó posesión del cargo el 1 de julio se han producido unas 160 visitas a «centros de privación de libertad». Sin embargo, no consta que una sola de ellas haya sido a algún calabozo en el que hubiera detenidos vascos, pese al enorme seguimiento político y mediático que tienen todas estas operaciones y a antecedentes que obligarían a una mayor atención, como el reciente proceso a quince guardias civiles acusados de torturar a los militantes de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.

En relación a estas visitas, la ONU tuvo que hacer ver además a Múgica Herzog el pasado mes de mayo que no son un fin en sí mismo, sino que deben tener seguimiento y repetirse periódicamente. El vicepresidente del Subcomité relativo a la lucha contra la tortura, Mario Coriolano, le recordó que éste es el único método para que los policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones «sepan que están controlados».

Esta sesión de trabajo, por cierto, fue ocultada a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en la que participan entre otros TAT, Behatokia, Etxerat o Gurasoak. Cuando escribieron al entonces Defensor para reclamarle información sobre el Mecanismo, en abril, Múgica Herzog dio la respuesta más escueta posible: «Viene funcionando con total normalidad».

Apelaciones a las autonomías

Tras la patente falta de resultados, recientemente María Luisa Cava ha argumentado que quiere implicar a los trece defensores del pueblo autonómicos en esta materia. Su oferta incluye a Iñigo Lamarca y Francisco Javier Enériz, que ejercen este cargo en Gasteiz e Iruñea. «Las visitas serían más fáciles si los comisionados autonómicos estuvieran dispuestos a colaborar», indica.

Con anterioridad, Lamarca ya se había mostrado escéptico sobre la eficacia real de esta institución, entre otras cosas por las carencias de personal. Propuso que se incluyan también expertos en psicología o criminología, no sólo juristas. Por su parte, casualidad o no, en Nafarroa Enériz ha dejado de recibir a los familiares de detenidos en situación de incomunicación, contrariamente a lo que hacía antes, según han denunciado los últimos afectados.

denuncias

de torturas se presentaron en 2009 en Euskal Herria, 45 de ellas de ciudadanos que estaban incomunicados, según el informe de la Coordinadora estatal presentado esta misma semana.

9.000 «centros de privación de libertad» existen en el Estado español, entre comisarías policiales, cuarteles de la Guardia Civil, prisiones y otros (psiquiátricos…). Ése es el ámbito de actuación del Mecanismo.

156 detenciones de ciudadanos vascos por motivos políticos se han producido ya este año, la mayoría de ellas en régimen de incomunicación, de las que buena parte concluyen con denuncias de torturas.

Rubalcaba y Zapatero esperan el fallo del «caso Portu» tras avalar a los acusados

El caso de Igor Portu y Mattin Sarasola puede ser uno de los pocos -apenas una decena- que concluyan con sentencia condenatoria por torturas en las últimas décadas. De hecho, en los medios de difusión ha habido coincidencia en destacar tanto la contundente declaración del forense del Juzgado de Guardia de Donostia -que tildó de imposible la versión de los guardias civiles culpando el momento de la detención- como el valor del informe final de la Fiscalía -que insistió en que los acusados no han dicho la verdad y aportó nuevas pruebas como la hora de paso por el peaje de la A-1-.

De hecho, el Gobierno del PSOE ha optado por mantener un silencio absoluto ante este juicio oral. Ha mantenido esta posición de mutismo e indiferencia desde el mismo momento en que se hizo público que la Fiscalía acusaría a algunos guardias civiles. Aunque les ha mantenido el apoyo económico y, aparentemente, jurídico, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intenta no verse salpicado por el caso. Sin embargo, en su momento, el mismo 7 de enero de 2008 en que se conoció la hospitalización de Portu en la UCI del Hospital Donostia, avaló totalmente la versión de los agentes. En una comparecencia expresa, llegó a decir que habían cumplido con su labor «escrupulosamente».

Días después, ante las exigencias de explicaciones de partidos vascos, Rubalcaba se quejó de que «la democracia se estrecha cuando se cuestiona el funcionamiento del Estado de Derecho, cuando alguien con responsabilidad política cuestiona sistemáticamente autos y resoluciones judiciales o la actuación de las FSE sin pruebas y poniendo en duda versiones que día a día se van demostrando como absolutamente ciertas».

No fue Rubalcaba el único miembro del Gobierno que apoyó a los agentes. Su propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo el 8 de enero, cuando ya habían tenido más ocasión de contrastar los hechos producidos en Arrasate, que tenía «confianza plena» en ellos y que su versión era «seria y creíble». Y anunció una investigación «con total transparencia» de la que no ha habido noticias.

Otros fueron aún más osados. José Bono, presidente del Congreso, consideró que en estos casos había que priorizar el criterio de que «si hay bajas, que no sean las nuestras». Y Carmelo Barrio, del PP, añadió que «lo importante no es cómo se encuentra el etarra, sino neutralizar la actuación asesina de ETA». R.S.

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