PSOE y PP insisten en endurecer leyes contra la izquierda abertzale

PSOE y PP presentaron ayer en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que acordaron en junio para intentar entorpecer la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones vascas

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

Mientras en Euskal Herria hay una sensación general de que se está abriendo un nuevo tiempo, PSOE y PP insisten desde Madrid con la vieja receta de endurecer las leyes para tratar de evitar que la izquierda abertzale pueda tener presencia institucional.

Ambos partidos presentaron ayer una proposición de ley en el Congreso para reformar la legislación electoral, ampliando los plazos para impugnar candidaturas, abriendo la posibilidad de prohibir listas sueltas de una formación legal e instaurando la figura de la «incompatibilidad sobrevenida» sobre cuya constitucionalidad han dudado algunos diputados. El objetivo confesado es «taponar» cualquier posibilidad de que la izquierda abertzale esté en las urnas, y los plazos se aceleran para que los cambios previstos entren en vigor antes de los comicios municipales y forales de primavera de 2011.

Estas reformas que ahora han tomado ya forma de proposición de ley fueron aprobadas en el Consejo de Ministros el 26 de marzo, a las pocas semanas de que la izquierda abertzale hiciera pública la resolución «Zutik Euskal Herria». Según explicó el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el endurecimiento legal pretendía ser «un mensaje de firmeza del Estado» en un «momento de la lucha antiterrorista» que calificó de «importante».

El movimiento gubernamental coincidió también con declaraciones del ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja hablando de supuestas negociaciones entre ETA y el Ejecutivo de Zapatero en su condición de «aliados potenciales». En ese contexto, el PP comenzó una ofensiva asegurando que la mejor prueba de que esas acusaciones eran falsas era que el Gobierno español hiciera todo lo posible por evitar que la izquierda abertzale estuviera presente en las próximas elecciones municipales y forales.

«Autos de fe»

La reforma propuesta ayer por PSOE y PP y presentada en rueda de prensa por sus diputados José María Benegas y José Antonio Bermúdez de Castro contempla la posibilidad de pedir la ilegalización de candidaturas sueltas de un partido legal (lo que de hecho ya se le aplicó a EAE-ANV en las pasadas elecciones municipales y forales) y amplía los plazos de impugnación hasta prácticamente el día de las elecciones, e incluso después de éstas.

Pero el apartado más polémico es el de la llamada «incompatibilidad sobrevenida», que contempla que un parlamentario o concejal puede ser declarado incompatible cuando la formación por la que fue elegido sea declarada ilegal. En ese caso tiene un plazo de quince días para hacer «una declaración expresa e indubitada» de rechazo a las causas que dieron lugar a la ilegalización. Y aun así, después habrá de seguir demostrándolo porque, si «a través de hechos, omisiones o manifestaciones» contradijera esa declaración, sería declarada la incompatibi- lidad.

La aplicación de esta fórmula, muy controvertida ya de por sí, se hace aún más dudosa al observar que la propuesta no contempla ningún tipo de garantías procesales para el acusado ni habla de recursos o de juicios donde el representante inhabilitado pueda defenderse.

La Ertzaintza guarda fichas sobre la actividad política de personas

El dossier remitido al Parlamento de Gasteiz sobre la actuación del Departamento de Interior en relación a la manifestación convocada por Adierazi EH para el 11 de setiembre desvela que la Ertzaintza guarda en «sus ficheros informáticos» datos sobre actividades políticas de ciudadanos, que en ningún caso son delictivas.

El Departamento de Interior transmitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional diversos datos sobre la persona que comunicó la manifestación, la presentadora del acto de Adierazi EH y el portavoz de la rueda de prensa en la que se convocó la marcha. En torno a la primera, se detalla el número de ocasiones en las que se ha presentado en candidaturas legales de la izquierda abertzale y en otra que posteriormente fue ilegalizada. Aunque resulta difícilmente justificable por qué la Policía autonómica guarda esos datos, no es menos cierto que todos ellos son públicos por cuanto figuran en los boletines oficiales.

Más irregular resulta que se diga que «consultados los ficheros informáticos de la Ertzaintza en relación a las personas» relacionadas con la manifestación, de la que comunicó la marcha se diga que «en marzo de 1990 era miembro de la Comisión Socio-Económica del partido político posteriormente ilegalizado Herri Batasuna» y «en mayo de 1992 es nombrada miembro de la Mesa de Herrialde (comarca) [sic] de Herri Batasuna de Bizkaia, como responsable de socioeconomía».

Estos datos, relativos a la actividad política legal de esta persona, cabe suponer que debieran estar protegidos por la libertad ideológica. I. IRIONDO

Continúan las numerosas reacciones a la entrevista de Otegi en «El País»

La entrevista realizada por John Carlin a Arnaldo Otegi y publicada por «El País» en su edición del domingo sigue provocando numerosas reacciones políticas, no sólo por las palabras del entrevistado, sino también por las condiciones en las que se realizó la entrevista, en base a un cuestionario, y por el medio que la publicó.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, considera que el mensaje de Arnaldo Otegi supone la «confirmación rotunda» de la «vía abierta» por parte de un «dirigente máximo» de la izquierda abertzale. También da importancia al hecho de que la entrevista se haya publicado en un diario estatal y, según apunta, «saltándose las restricciones de Instituciones Penitenciarias». A su entender, «toda esa cuestión denota cierto movimiento muy importante, no sólo desde la perspectiva de Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale, sino también por parte del Estado».

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, también destacó la importancia de las palabras del líder independentista encarcelado y manifestó que «el Gobierno debiera tomar nota de ese hecho real y modificar toda la actitud legal y jurisdiccional que le hace caer una y otra vez en contradicción».

Al otro lado del Bidasoa, el presidente del Consejo de Electos de Ipar Euskal Herria y vicepresidente del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, Jean Jacques Lasserre, hizo pública una nota en la que califica como «un paso muy importante» las palabras de Otegi. Pide además «honestidad» para reconocer que «van en la dirección esperada y deseada». Concluye que el proceso necesita que «todos los actores de la sociedad civil den pasos significativos para construir una paz duradera y definitiva».

Menos positivos son los mensajes que llegan desde Madrid. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, eludió entrar en el «juego retórico» del líder de la izquierda abertzale, ya que, según dijo, sólo crearía confusión. A su juicio, nada ha cambiado tras su entrevista y recuerda a Batasuna que las reglas están claras: «O convence a ETA para que deje la violencia o rompe con ETA». Rubalcaba insistió en que «no vamos a entrar en los matices». «No creo que mi papel sea ver si es un paso adelante o atrás; el papel del ministro del Interior debe ser fijar clarísimamente las reglas del juego para que todo el mundo sepa a qué atenerse», concluyó.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, señaló que lo único que espera de Otegi es que «pida a ETA que desaparezca de una vez por todas».

El presidente del Senado, Javier Rojo, avisó a Otegi de que tiene que demostrar «dos veces más» las afirmaciones que realice, ya que la izquierda abertzale ya ha engañado «demasiadas veces». «Aquí estamos como Santo Tomás, ver para creer».

El mensaje del PP se dirigió a reafirmar «que Batasuna y ETA son lo mismo», por lo que no se debe «caer en el error de diferenciarlos», según explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Antonio Basagoiti, siempre más lenguaraz, puso su toque personal al afirmar que se nota que a Otegi «le sienta bien la cárcel», porque observa algún cambio «en las formas», aunque no ve ningún avance «en lo sustancial».

A la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, lo que le ha parecido «tremendo» es que se entreviste al dirigente de la izquierda abertzale desde prisión y que lo autorice, según su versión, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, algo que no ocurriría en países como Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos. Tras el acuerdo entre el Gobierno y el PNV y con la entrevista delante, Rosa Díez ya empieza a ver cosas raras.

GARA

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