“Caso Portu”, la prueba de un delito muy barato

Torturas en el estado español y en el mundo –
Jueves.25 de febrero de 2010 –
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Ramón Sola

Gara

El próximo juicio por torturas a Igor
Portu y Mattin Sarasola será la prueba del algodón para una situación
denunciada recientemente por la ONU y Amnistía Internacional: la
levedad con que se castiga este delito en el Estado español. Pese a
admitir que Portu pudo morir por los golpes, la Fiscalía sólo pide el
mínimo de cárcel posible por ello: dos años. A tenor de los datos, sus
captores estarían más preocupados si no hubiera ocurrido en Aramaio -en
plena Europa-, sino, por ejemplo, Abu Ghraib, una cárcel de un país
ocupado mediante una guerra declarada.

La Audiencia de Donostia juzgará en los
próximos meses a quince agentes de la Guardia Civil acusados de
torturar a los vecinos de Lesaka Igor Portu y Mattin Sarasola tras su
detención el 6 de enero de 2008. El proceso se puede considerar casi
como histórico si se tiene en cuenta que hace casi una década que no se
produce un juicio contra agentes policiales encargados de la custodia
de detenidos vascos bajo el régimen de incomunicación. Una década en la
que, por ejemplo, no han llegado a juicio denuncias como la de Unai
Romano o la de los detenidos de «Egunkaria», que ahora esperan el
dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso de Portu y
Sarasola sí acabará en una sala de vistas ante la evidencia palmaria de
que ambos fueron detenidos en perfecto estado de salud y apenas quince
horas después -y tras estar sólo en manos de la Guardia Civil-, Portu
era ingresado en la UCI de un hospital. Sin embargo, se juzgará con una
petición fiscal minúscula y que da la razón al reciente dictamen de la
ONU.

En noviembre pasado, su Comité contra
la Tortura hizo público un informe crítico con el régimen de detención
en el Estado español. En él se censura, entre otras muchas cosas, la
levedad de las penas previstas por delitos de tortura. Tras apuntar que
el Código Penal establece penas de tortura de dos a seis años de cárcel
en casos graves y de uno a tres si no lo son, apunta que esta
calificación «no parece propiamente ser conforme al artículo 4 (2) de
la Convención, que estipula la obligación de todo Estado de castigar
todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en
cuenta su gravedad».
Pues bien, si la calificación penal ya resulta denunciable para la ONU,
además la Fiscalía de Gipuzkoa propone aplicar en este caso el mínimo
posible del abanico previsto (dos años). Y lo plantea pese a que en su
escrito de acusación se admite que Portu estuvo al borde de la muerte
por los golpes, que éstos se produjeron en diferentes momentos y
escenarios, que necesitó 27 días para curarse, que los agentes lo
niegan todo….

De las simples multas a los indultos

Para la acusación particular que
representa a las familias, por contra, lo que procede es imponer el
tope máximo (seis años por cada uno de los dos delitos de torturas),
además de otras penas por «lesiones». De este modo, la mayor condena
pedida por el fiscal será de tres años de cárcel (y sólo para dos de
los diez guardias civiles a los que acusa), mientras las de la
acusación particular ascienden a diecisiete años en uno de los casos.
Sin duda, algo mucho más ajustado a los estándares que rigen para estos
casos en el marco occidental, como muestran las condenas más recientes
en Estados Unidos, Italia o Alemania.

La levedad de la tipificación de las
condenas por torturas -y no digamos ya de su escasísima aplicación
real- es una de las razones que tiene al Estado español bajo sospecha
en el ámbito internacional. Además del Comité de la Tortura, también
Amnistía Internacional se ha posicionado al respecto hace sólo unos
meses. En su informe "Sal en la herida’’, AI incluye un apartado
específico titulado "No imposición de sanciones adecuadas’’. Cita como
ejemplo reciente el caso del agricultor Juan Martínez Galdeano, que
murió en 2005 en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas (Almería)
tras ser detenido por un conflicto menor. El caso no se juzgó como un
delito de torturas, sino como «atentado no grave contra la integridad
moral» del fallecido. De los ocho agentes juzgados, cinco quedaron
exculpados, a dos se les condenó a una multa, y al oficial al mando, a
quince meses de prisión.

Llueve sobre mojado. AI recuerda
también el caso de Kepa Urra, uno de los poquísimos que ha derivado en
condena en las últimas décadas en Euskal Herria. En 1997, la Audiencia
de Bizkaia condenó a cuatro años, dos meses y un día a tres guardias
civiles por los tormentos infligidos en 1992; el fiscal recurrió y el
Supremo español redujo las condenas a un año en 1998; un año después,
además, el Gobierno español les concedió el indulto. El Comité contra
la Tortura de la ONU sentenció que «las acciones del Estado son
contrarias a sus obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención
contra la Tortura, que exige a los estados adoptar medidas efectivas
para prevenir estos actos».

Así se llega a situaciones como ésta
que cita también el informe de AI. Juan Antonio Gil Rubiales, condenado
por el Supremo por la muerte de Joxe Arregi en 1981 (inicialmente fue
absuelto dos veces en juzgados de Madrid), «se reincorporó al trabajo
en 1992 en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. De ahí fue
ascendido posteriormente, primero a jefe de la Unidad de Intervención
Policial de Gran Canaria (1996), más tarde a jefe de la policía de
Arona, Tenerife, y más recientemente (marzo de 2005) a comisario
provincial en Santa Cruz de Tenerife».

Todo ello sin olvidar que los juicios
por los casos Arregi, Urra y, ahora, Portu, son en realidad
excepcionales. La práctica totalidad de las denuncias se estrellan en
las barreras protectoras previas. Una de ellas es el plazo de
prescripción a los quince años, que resulta definitivo muchas veces
dado que las pruebas -básicamente confesiones- no llegan hasta mucho
después. Por ejemplo, no fue hasta el año 2000 cuando Massu o
Aussaresses, generales de los paracaidistas franceses, reconocieron los
tormentos practicados en la guerra de Argelia en los años 50. Por eso,
el Comité contra la Tortura de la ONU ha instado a Madrid a que este
delito «no prescriba en ningún caso». Le insta además a recopilar los
casos de tortura, ahora «imprecisos y discordantes», ya que se aprecia
que muchos agentes son reincidentes.

«Conmovidos»

La Fiscalía de Gipuzkoa no sólo propone
el mínimo posible por «torturas», sino que tampoco advierte
circunstancias agravantes en el otro delito imputado: el de «lesiones».
Al contrario de lo que ocurre con la rígida calificación de las
torturas, el Código Penal español permite una graduación más amplia en
este caso. Para la representación jurídica de las familias de Portu y
Sarasola, es evidente que las lesiones se produjeron con toda la
alevosía posible. Los detenidos no tenían posibilidad de defensa
alguna: estaban esposados y con los ojos tapados. Por ello, pide
aplicar el máximo posible por ello: cinco años. Pero para la Fiscalía,
con uno basta.

El Ministerio Público introduce además
una especie de justificación al indicar que los agentes actuaron
«conmovidos» por el atentado de Capbreton, en el que habían fallecido
dos guardias civiles. A primera vista, el argumento extraña teniendo en
cuenta que ese tiroteo se había producido un mes antes y que ni Portu
ni Sarasola aparecían como sospechosos del mismo. Pero más sorprendente
aún es comprobar que la afirmación fiscal se sostiene en el aire:
ninguno de los guardias civiles ha alegado tal cosa en la instrucción,
ya que evidentemente todos se limitaron a negar que torturaran a nadie.

Ocho y nueve años de cárcel por las imágenes humillantes de Abu Ghraib

En el mundo casi nadie sabe quién es
Unai Romano ni tampoco Igor Portu, pese a las imágenes de sus lesiones.
Todo lo contrario pasa con Abu Ghraib, la prisión convertida en icono
planetario de la aplicación de la tortura. Pero la diferencia no está
sólo en el eco que han tenido las denuncias gráficas, sino también en
las condenas aplicadas por los hechos respectivos. Pese a no haberse
apreciado situaciones de riesgo de muerte, como sí ocurrió en el caso
de Portu, por los maltratos de Abu Ghraib se han dictado ya condenas
que ascienden a ocho y nueve años de cárcel.

Los soldados que aparecían más veces en
las imágenes eran Charles Graner y Lynddie England (en la siguiente
página). Para ésta, el fiscal pidió entre cuatro y seis años de cárcel,
aunque finalmente el tribunal fijó la condena en tres. Se le consideró
culpable de haber paseado a un preso como si fuera un perro, con una
correa atada al cuello, o de fotografiarse con varios prisioneros
iraquíes desnudos a los que simulaba disparar, humillaciones que dijo
haber cometido «para divertirse». A su novio, Graner, le cayeron diez
años de cárcel por instantáneas similares, como la de una pila de
prisioneros desnudos formando una pirámide. El tribunal no tuvo duda de
que tales comportamientos suponían torturas. Y el fiscal añadió que con
su actitud «han dado muchos argumentos al enemigo».

Otra de las fotografías que más
impactaron al mundo era la de un preso, tapado por una túnica y una
capucha negra, al que se le habían conectado unos cables para simular
la aplicación de electrodos (en la siguiente página, abajo, a la
derecha). El tribunal determinó que el tormento no había ido más allá
de la simple humillación al prisionero. Sin embargo, a su autor, un
soldado llamado Ivan Frederick, le ha costado una condena de ocho años
de cárcel.

Condena a un alto mando policial en
Francfort por amenaza de tortura En Alemania, los tribunales se
mostraron inflexibles ante el ex vicepresidente de la Policía de
Fráncfort Wolfgang Daschner. El caso se juzgó en 2005 y es citado como
ejemplo de «tolerancia cero» contra la tortura. A Daschner no se le
acusaba siquiera de torturar, sino de amenazar con la tortura a un
hombre detenido por secuestrar a un niño de once años, hijo de un
banquero. El arrestado se negaba a facilitar su paradero (poco después
se sabría que en realidad el pequeño había fallecido ya). En los
interrogatorios, el responsable policial le dijo al detenido: «Sufrirás
dolorosas torturas». La condena final consistió en una multa, tanto
para él como para un comisario de su equipo, pero en momentos del
proceso se barajaron peticiones de hasta cinco años de cárcel.

Condenas de hasta ocho años de cárcel contra ex agentes de la CIA en Milán

El caso más reciente de condena por
torturas en Europa es probablemente el ocurrido en Italia. En el pasado
mes de noviembre, un tribunal de Milán condenó a nada menos que 22
antiguos miembros de la CIA y a dos agentes del Sismi (los servicios
secretos italianos) a penas de entre tres y ocho años de cárcel. Se les
implicaba en el secuestro de un conocido imán llamado Abu Omar, que fue
abordado en 2003 en las calles de Milán y metido después en un avión
rumbo a Egipto para que fuera torturado allí. Ni las presiones
diplomáticas estadounidenses ni las trabas de Silvio Berlusconi
obtuvieron resultado alguno, y se dictó una condena masiva contra los
implicados. Según relató Abu Omar a la prensa española, le golpearon,
le aplicaron corrientes eléctricas, le apretaron los testículos…

Expertos policiales alertan de la «dudosa credibilidad» de estas confesiones

El general John Kimmons es jefe de los
servicios de Información de Estados Unidos. En setiembre de 2006,
alertaba a los expertos policiales de que «cualquier información
obtenida mediante el uso de prácticas abusivas sería de dudosa
credibilidad». Dejando al margen los aspectos éticos de la tortura, la
cuestión de su eficacia para arrancar información verídica es cada vez
más debatida. Y no es de extrañar ante casos como el del libio Ibn
al-Shaykh al-Libi.

Dos meses después de los atentados del
11-S en Nueva York, Al-Shaykh fue detenido en Pakistán y entregado a
los Estados Unidos. Tras ser torturado, hizo «revelaciones» que la
Administración Bush utilizó para afirmar que Saddam Husein buscaba
armas de destrucción masiva y que había contactado con Al Qaeda. Una
mentira que, como es archisabido, sirvió para justificar la invasión de
Irak. Para el investigador Michel Teretscheko, el episodio «ilustra
bien lo absurdo de la tortura», que en este caso «tuvo consecuencias
desastrosas».

También por este motivo, en las
legislaciones occidentales se estipula formalmente, o bien se da por
sobreentendido, que las declaraciones realizadas bajo tortura deben ser
anuladas. Así, el Tribunal Supremo español decidió absolver a Hamed
Abderrahman Ahmed -el denominado «talibán español»- dando prioridad
total a la reivindicación de su inocencia hecha en el juicio, y
Baltasar Garzón anunció después que investigaría las torturas sufridas
en Guantánamo.

No parece que esta misma tesis valga
para el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, sino más bien al
contrario. Quienes defienden a la Guardia Civil lanzan ya el argumento
de que se autoinculparon del atentado de la T-4 como un motivo para
justificar las -presuntas- torturas. Y el juez Pedraz acaba de cerrar
el sumario para juzgarles sobre la base de sus declaraciones
policiales, sin esperar.
Aunque no haya películas al respecto, Euskal Herria también ha tenido
casos similares al de los «cuatro de Guilford». Jorge Txokarro, Mikel
Soto, Aurken Sola y Ainara Gorostiaga fueron exculpados del atentado
mortal contra un edil de UPN en Leitza tras dos años presos por una
autoinculpación forzada.

París, reprendido por Europa pese a haber dictado penas de cuatro años

En el Estado francés, uno de los pocos
casos juzgados en los últimos años es el de Ahmed Selmouni, súbdito
holandés de origen marroquí. Detenido en 1991 por un delito de
narcotráfico, afirmó haber sido golpeado y objeto de abusos sexuales
con una porra en la comisaría de Bobigny. Ante las reticencias de los
tribunales franceses para tramitar su denuncia, Selmouni apeló
directamente a Estrasburgo, que en 1999 condenó a París por un delito
de torturas. Se da la circunstancia añadida de que para entonces los
jueces ya habían activado la investigación y el Tribunal de Versalles
había castigado a varios policías a cuatro años de cárcel, más de los
que pide ahora la Fiscalía contra los guardias civiles por el «caso
Portu». El Gobierno holandés apoyó a Selmouni en ese litigio.

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