Condenan a un jefe policial de Almería por extorsionar a una maltratada que tenía que proteger

La amenazó con presentar informes desfavorables para su divorcio si no le entregaba 18.000 euros –
Domingo.31 de enero de 2010 –
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EUROPA PRESS – Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la
condena de 10 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de
Almería al inspector jefe de Policía Enrique de Miguel Alonso,
responsable de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a
Víctimas de Violencia de Género (U.P.A.P.) de la Comisaría de esta
ciudad en 2004, por amenazar a una de las mujeres acogidas a este
programa con presentar informes desfavorables para su divorcio si no le
entregaba dinero.

Según el relato de hechos probados de
la sentencia, la mujer formuló una denuncia de malos tratos contra su
marido, se dictó contra él una orden de alejamiento y entró en el
programa de protección a cargo del inspector. Al cabo de unas semanas,
De Miguel comenzó a propiciar "cierta familiaridad" con la mujer, que
continuó una vez extinta la orden de protección al resultar el marido
absuelto de los malos tratos. El Policía no comunicó a la mujer el cese
de la orden y a lo largo de 2005 comenzó a pedirle prestadas diversas
cantidades de dinero, que ella le entregaba voluntariamente.

Poco después, sabiendo que la mujer se
disponía a vender su piso, el policía le pidió 18.000 euros aduciendo
que los necesitaba para pagar una deuda que tenía pendiente en Galicia.
Ella se negó, y como la negativa proseguía pese a la insistencia del
agente, le dijo que declararía contra ella en el juicio de divorcio que
se tramitase entre ella y su marido y que se quedaría sin sus hijos, ya
que las medidas que se adoptaran en dicho procedimiento dependerían de
lo que él informara.
El alto tribunal confirma la condena por delito de extorsión en grado
de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia agravante de
prevalimiento de carácter público, al entender que quedó acreditada
prueba suficiente de lo sucedido. Descarta además que el delito pudiera
calificarse de amenazas "confirmada la existencia de coacciones con
ánimo lucrativo".

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