Amnistía Internacional exige de nuevo al Estado español que ponga fin a la incomunicación

Amnistía Internacional (AI) lo tiene
claro: «Ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de
detención con restricciones tan severas a los derechos de las personas
detenidas». Una afirmación que recoge en un informe que censura que una
persona detenida «desaparezca durante días». Por ello, pide al
Parlamento español que derogue la legislación existente sobre la
detención incomunicada y garantice la protección de los derechos de los
arrestados.

I.I. | GASTEIZ

Amnistía
Internacional hizo público en la noche de ayer un informe en el que se
asegura que «España debe poner fin a la práctica de la detención en
régimen de incomunicación, que viola los derechos de las personas
privadas de su libertad».

En
su presentación, Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y
Asia Central de Amnistía Internacional, señaló que «es inadmisible que
en la España actual una persona detenida por cualquier razón
desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro. Esta falta
de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos
humanos».

El mayor
problema es que los sucesivos gobiernos españoles no sólo no han tomado
ninguna medida para erradicar la incomunicación pese a los llamamientos
realizados desde hace más de diez años por organismos de la ONU y del
Consejo de Europa (concretamente en 1995, 1997, 2002, 2003 y 2008),
sino que «han actuado en sentido contrario».

Según
un estudio realizado por AI y publicado con el título «España: salir de
las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de
incomunicación», la actuación de las autoridades españolas incumple
hasta un total de siete pactos, convenios y reglas internacionales que
tratan de garantizar los derechos de las personas detenidas.

La angustia de los familiares

Escandaliza
que la Ley española de Enjuiciamiento Criminal permite mantener a una
persona recluida en régimen de incomunicación hasta 5 días en todos los
casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este
periodo de 13 días se compone de una fase de hasta 5 días de
incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros
cinco días de incomunicación en prisión provisional. Además, en
cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más
de detención en régimen de incomunicación.

«Durante
su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar
con un abogado ni con un médico de su elección -recordó Nicola
Duckworth-. Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha
ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación
afirman haber sido sometidas a tortura o malos tratos, aunque raras
veces se investigan tales denuncias».

En
este sentido, Amnistía Internacional considera motivo de honda
preocupación la propensión de las autoridades españolas a calificar
todas las denuncias de tortura o malos tratos a personas detenidas en
régimen de incomunicación como tácticas de una estrategia organizada
para desacreditar al Estado. Cuando estas reacciones tienen lugar antes
de que se investiguen tales denuncias, «únicamente se está
contribuyendo a generar un clima de impunidad por los actos de tortura
y otros malos tratos». Esta actitud también contraviene la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, según la cual el Estado español está obligado a garantizar
una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos
razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura.

Sumatorio de conculcaciones

El
informe de Amnistía Internacional constata que durante el periodo de
incomunicación se van sumando, una tras otra, diversas conculcaciones
de los derechos de la persona detenida.

La
primera vulneración de derechos es que el arrestado no puede contar con
un abogado de su confianza, pero a esto se añade desde el primer
momento que ni siquiera el abogado designado de oficio está presente en
todos los interrogatorios ni puede tener ningún momento en el que
comunicarse en privado con el arrestado.

Amnistía
Internacional asegura que «un representante de una asociación
profesional de jueces» y «otros profesionales de la justicia» le han
reconocido la existencia de interrogatorios «informales» (sin abogado).
La información obtenida en un interrogatorio sin abogado, y en el que
ha podido haber presión física o sicológica ilegítima, no son
admisibles ante un tribunal, pero el organismo constata que informes
policiales presentados como pruebas hacen referencia a datos obtenidos
en estos interrogatorios «informarles».

Además,
en los interrogatorios «formales» no se permite a los abogados de
oficio tener un papel activo ni hacer preguntas al detenido, como es de
su derecho. Los abogados que preguntan e intentan hablar o piden el
número de identificación a los agentes para que quede constancia
«denuncian que reciben de ellos un trato agresivo e intimidatorio».

Malos jueces y malos médicos

En
el siguiente paso, el de la supervisión judicial de la detención,
Amnistía Internacional constata que las Fuerzas de Seguridad del Estado
piden de manera sistemática la incomunicación, sin una motivación
individualizada en cada caso, y los jueces las conceden de manera
«estereotipada».

Por
otra parte, el propio presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional reconoce que los magistrados «rara vez» hacen uso de su
facultad de interesarse personalmente por la detención o por el
detenido durante el periodo de incomunicación. Amnistía Internacional
señala que si bien esa actitud no vulnera ninguna obligación jurídica,
«sí puede considerarse una deficiencia profesional».

Tampoco
la asistencia médica a los detenidos sale bien parada del informe de
Amnistía Internacional. También en este campo se suman las faltas de
garantías. La primera es que, en la mayoría de los casos, no se permite
la presencia de un médico de confianza de la persona detenida. A esto
se añade que, también en muchas ocasiones, «es frecuente que haya
policías presentes en el examen médico», por lo que -dice AI- el
arrestado «puede sentirse intimidado y guardar silencio sobre los malos
tratos sufridos».

Pero
es que además, el organismo recuerda que «un estudio publicado en
noviembre de 2008 por la revista Forensic Science International, en el
que se examinaban 425 informes médicos sobre personas detenidas en
régimen de incomunicación en el País Vasco entre los años 2000 y 2005,
concluía que la calidad de los informes era `inaceptable’ y que éstos
reflejaban `exámenes médicos insuficientes e inadecuados’. La mayoría
de los informes carecían de estructura formal, contenían información
inadecuada sobre lesiones y sobre el estado de salud y no incluían
conclusiones del médico forense sobre si las lesiones concordaban con
las denuncias de malos tratos. Ninguno de los documentos seguía las
normas recomendadas por el Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura».

Por todo
ello, a lo que se añade la falta de información a la familia sobre la
situación del detenido, Amnistía Internacional exige la derogación de
la incomunicación.

http://www.gara.net

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